La cancelación,
sin explicaciones formales, de una muestra de arte
wichí prevista en el Palacio Libertad abrió una
fuerte polémica y derivó en acusaciones de censura y
segregación dirigidas a las autoridades, con un perjuicio directo
sobre comunidades originarias del norte argentino.
por Gabriel Levinas
(Tomado de
la publicación de Alejandro Arroz en la red Facebook)
La exposición formaba parte de la Primera
Bienal de Arte Indígena, cuya sede principal es la Universidad
Católica Argentina, y que se completa con una serie de eventos paralelos.
Entre estos últimos se encontraban los que iban a desarrollarse en el Palacio Libertad —espacio gestionado
por la Secretaría de Cultura de la Nación— donde estaba prevista una
exposición en el sexto piso y un mercado de artesanías en la
planta baja.
La muestra del
sexto piso había sido planificada con suficiente antelación. A los
artistas se les solicitó contratar seguros, trasladar las
obras y se habían contratado montajistas para el armado.
Sin embargo, el viernes anterior al montaje, previsto para el lunes siguiente,
se les comunicó que la exposición quedaba levantada. No se
brindaron explicaciones claras ni formales sobre los motivos
de la decisión.
Ante la insistencia
periodística por conocer las razones, la respuesta fue que la
muestra "no encuadraba dentro del perfil del Centro Palacio Libertad".
Qué significa exactamente ese "encuadre" nunca fue aclarado.
Lo que sí resulta evidente es que las mismas autoridades que ahora la
descartaban habían considerado previamente que la muestra merecía
realizarse allí, hasta que —según se informó— una orden superior determinó
su cancelación.
La exposición
reunía obras de artistas wichí, cuyo origen se remonta a
una experiencia singular: un pintor enseñó a pintar a una mujer
wichí en Misión Chaqueña, quien desarrolló con el tiempo un estilo
propio, profundamente ligado a la vida cotidiana y a
la cosmovisión de su comunidad. Con los años, su familia y otros
integrantes continuaron esa práctica artística, que hoy constituye su principal
y, en muchos casos, única fuente de ingresos.
La exposición formaba parte de la Primera Bienal de Arte Indígena.
Las pinturas se caracterizan
por un lenguaje visual directo, auténtico y vital, con escenas
de caza, recolección, pesca y vida comunitaria. No contienen ningún
tinte político, ni responden a consignas ideológicas:
simplemente reflejan su forma de vida, su relación con el territorio y
su mundo simbólico.
A partir de la cancelación,
comenzó a instalarse en redes sociales y en distintos ámbitos
culturales la idea de que se trata de un acto de censura y segregación
ejercido desde el Estado, que termina afectando a comunidades originarias
pacíficas, sin relación alguna con militancias políticas ni
con conflictos protagonizados por grupos extremistas en otras
regiones del país.
La situación resulta
además contradictoria: la Primera Bienal de Arte Indígena continúa
realizándose normalmente en la Universidad Católica Argentina,
una institución sin vínculo alguno con definiciones políticas, y
con la misma calidad artística que iba a exhibirse en el Palacio
Libertad. La única diferencia es el espacio institucional que
decidió dar marcha atrás.
Según trascendió, la
única "reparación" ofrecida hasta el momento habría sido
la devolución de los gastos en seguros y algunos costos operativos,
una solución considerada insuficiente y humillante. No contempla
el daño moral, simbólico y ético causado a artistas que
trabajaron durante meses con la expectativa de exponer y vender su obra
en la Ciudad de Buenos Aires.
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Si la cancelación se
mantiene, las obras probablemente se exhiban en otro espacio. Sin
embargo, quedará instalada la idea de que el Estado nacional censuró
una muestra que él mismo había aprobado, impidiendo su realización
por razones no explicitadas y generando una percepción
de segregación institucional hacia pueblos originarios.
Para los propios
organizadores y para la Secretaría de Cultura, revertir la decisión no
solo sería un acto de justicia hacia los artistas wichí, sino
también una forma de evitar un costo político y cultural innecesario. Ningún
gobierno sale fortalecido cuando se lo asocia con censura, y mucho menos
cuando esa acusación recae sobre las autoridades, en perjuicio de
comunidades indígenas históricamente postergadas.
La pregunta sigue
abierta: ¿qué cambió, en tan poco tiempo, para que una muestra previamente
aceptada dejara de "encuadrar"? Mientras no haya una respuesta
clara, la sospecha de censura continuará creciendo.
