Pueblos originarios afectados por minería de
"el oro del futuro"
por
www.ecoportal.net
La minería avanza
en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria
automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven
de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
"El oro
del futuro." Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y
baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en
la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por
ese elemento, un producto "más limpio". En Jujuy y Salta se
encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya
comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones
de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y
tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos
originarios. "Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el
territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por
arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia", advierte con voz
pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes)
junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema
de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar
toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta
pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación
y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más
escaso.
"La Arabia
Saudita del litio", tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al
"triángulo del litio" que conforman el noroeste de Argentina, el
norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya
desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados
Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la
minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi
(ambas de Japón).
El litio forma
parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de
los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral
de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.
"Nuestros
bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos
comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No
dejaremos que eso pase", avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la
comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70
familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras
32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.
La minería del
litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a
diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no
comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero
sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de
agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen
todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas
chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la
cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de
agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.
"La explotación de la minería y la afectación del uso del agua -con el
absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y
mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las
empresas- en una zona árida por excelencia, repercute en una forma
especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos
inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos", denuncia
el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo.
"El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la
explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva
implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora,
fauna)", advierte la investigación "Recursos Hídricos de la Puna,
valles y bolsones áridos del Noroeste argentino", del INTA Salta. Respecto
de la minería, precisa que sus "principales problemas son la competencia
con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la
construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo
plazo".
En diciembre
pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a
los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección
técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una
prospección minera. "Consideraciones ambientales en relación con la
construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas
Grandes", se llama el informe que concluye: "Las perforaciones
realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos
superficiales y acuíferos". "La perforación presenta surgencia
permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...)
Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad
de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de
que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos
profundos de baja salinidad."
Rodrigo Solá, uno
de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano.
"Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el
acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las
huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la
sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender." En febrero de
2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las
salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con
posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de
Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron
pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas
seguían ingresando. "Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita
Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta", es el título de la causa que
en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras
once comunidades.
Entre los ejes de
la demanda figura la falta de "consulta previa, información y
participación" que la legislación nacional ordena en toda acción que
pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes
constituyen "un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios
territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son
necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida,
el trabajo y la producción".
Se solicita la
suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos
hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675
("General del Ambiente"), que dispone que "cuando haya peligro
de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces,
en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación
de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales
que Argentina suscribió, que obligan a los estados al "consentimiento
libre, previo e informado" a las comunidades indígenas respecto de
cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los
gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
"No puede ni
debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre,
previo e informado de las comunidades involucradas", explica Solá, que
desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades,
y precisa que "el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito
de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas
no sería válido ni pertinente". Y remarca la vigencia del Convenio 169 de
la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal,
por encima del Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades
de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y
Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual
legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. "Tenemos las
leyes de nuestro lado", recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un
silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa:
"Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han
enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y
cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra
vida."
El aeropuerto en el gigante salar
de Uyuni está casi listo
DIARIO CAMBIO.-
(6-7-11)
El segundo semestre
de este año será inaugurado el aeropuerto de Uyuni, en el departamento de
Potosí. Construido con una inversión de 13 millones de dólares, servirá
impulsar el desarrollo del turismo y cobra importancia por el proyecto
del litio.
En la actualidad se
realizan los trabajos de equipamiento en la zona, hasta donde algunas
aerolíneas realizan vuelos, según el ministro de Obras Públicas Servicios y
Vivienda, Wálter Delgadillo.
"Es un
aeropuerto muy importante desde el punto de vista turístico, pero también (es
fundamental por el desarrollo del proyecto) litio. Vamos a tener fuertes
inversiones allá", aseguró el Ministro.
La construcción de
la terminal aérea de Uyuni es parte de un plan del Órgano Ejecutivo destinado a
implementar un sistema nacional de aeropuertos internacionales y turísticos,
que demandará una inversión de al menos 144 millones de dólares hasta el año
2015.
Este sistema
nacional estará conformado por 8 aeropuertos internacionales y 6 aeródromos
turísticos.
Actualmente Bolivia
tiene 37 aeropuertos, tres de ellos son internacionales y 34 son
turísticos.
Bolivia y Corea del Sur logran acuerdo para
industrializar el litio
La Paz
, 29 jul (ABI).- Bolivia y Corea del Sur suscribieron el viernes un
memorándum de entendimiento para la industrialización del litio del gigantesco
yacimiento del Salar de Uyuni que establece la captación de eventuales
asociaciones en la producción de cátodos, electrolitos y la construcción de
plantas de acumuladores de baterías de litio en el país.
El
documento fue rubricado por el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel,
el Gerente nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia, Luis Alberto Echazú,
el presidente de la Corporación Minera de Bolivia, Hugo Miranda, y el
parlamentario coreano Lee Sang Deuk.
"Este memorándum tiene que ver exclusivamente con un trabajo técnico
que va a iniciarse ya mismo para eventuales asociaciones en la producción de
materiales de cátodo, electrolitos y finalmente la instalación de plantas de
acumuladores de baterías de litio en Bolivia", dijo a los periodistas el
gerente de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú.
Explicó que es el tercer memorándum que se firma con Corea del Sur, al
recordar que los dos anteriores estaban destinados a impulsar la investigación
y tratamiento de salmueras, además del proceso de producción de sales, es
decir, "carbonato de litio y sales de los otros componentes".
"Este memorándum es el inicio de conversaciones para hacer esos
emprendimientos, no es para hacer una cadena y llegar a la batería donde
nosotros solo seamos armadores", explicó.
Por
su parte, el parlamentario coreano Lee Sang Deuk señaló que ese acuerdo es histórico
porque se trata de un entendimiento "más sustantivo", para un
proyecto potencial en la industrialización del litio.
"Entendemos bien la política sobre el litio en Bolivia y
la primera fase de producción del carbonato de litio", aseguró Lee Sang,
quien también es hermano del presidente de Corea Lee Miug Back.
Asimismo, Lee Sang dijo que al proyecto de industrialización del litio se
suman las empresas coreanas LG, POSCO y FK, que garantizarán la
industrialización de ese mineral, ubicado en el salar de Uyuni, en el
departamento de Potosí, con tecnología de última generación.
"De ahora en adelante como gobierno de Corea del Sur va a ofrecer
toda la cooperación que Bolivia necesite para la industrialización del litio y
especialmente para producir la batería de manera común entre ambos países,
además de transferir nuestra tecnología", sustentó.