11 de julio de 2012
Aborígenes hoy: huarpes, mapuches (como el "lonko" Domingo Collueque) y todas las naciones aborígenes argentinas coinciden en el reclamo básico del territorio propio
La ONU
exigió al Estado argentino el reconocimiento
de los territorios de los pueblos indígenas
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, solicitó al Estado argentino la
suspensión de todos los procesos de desalojo de comunidades indígenas y la
implementación de mecanismos efectivos para la demarcación y el reconocimiento
legal de sus territorios.
De acuerdo a un informe presentado hoy, el Estado "ha
realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos
indígenas en el país", como las reformas constitucionales de 1994 en materia de
pueblos indígenas, la aprobación de la ley 26.160, la ratificación del Convenio
169 de la
Organización Internacional del Trabajo y la aprobación de la Declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas de la ONU. Sin embargo, Anaya destacó en su evaluación
que "persiste una brecha entre el marco normativo establecido en materia
indígena y su implementación real".
El documento, que releva la información reunida por Anaya
durante su última visita oficial a nuestro país entre el 27 de noviembre y el 7
de diciembre de 2011, sostiene también que la Argentina "debe adoptar
medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las
amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por
parte de funcionarios públicos como de particulares".
En referencia a los emprendimientos agropecuarios y de
desarrollo de industrias extractivas en territorios ancestrales, el Relator
afirma que "se deben llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan
verse afectadas" con el objetivo de obtener "su consentimiento libre, previo e
informado sobre los aspectos de estos proyectos que afecten sus derechos
humanos".
Para el director del área de Derechos Económicos Sociales y
Culturales del CELS, Diego Morales, "el informe del Relator cobra especial
relevancia en un contexto en el que distintas comunidades indígenas de nuestro
país son sometidas a continuos desalojos de sus tierras, como la comunidad
diaguita de Indio Colalao la semana pasada en Tucumán. Además, el informe de
Anaya contempla aristas comunes que presentan los diversos conflictos por las
tierras indígenas; como la cesión de tierras tradicionales a particulares por
parte del Estado, la ocupación de territorios por familias criollas que
desarrollan actividades económicas que afectan el modo de vida de las
comunidades que sucede en provincias como Formosa y Salta, y la ausencia de
delimitación y titulación completa del territorio".
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