por Federico Rivas Molina
El testimonio de una
sobreviviente activa un juicio por la verdad sobre la matanza de personas de
origen qom y mocoví ocurrida en 1924.
"Parece que me
da miedo", dice Rosa Grilo cuando se le pide que recuerde. Está sentada bajo un
algarrobo frente a su casa de ladrillo sin revoque y techo de chapa. A sus más
de 100 años (no sabe exactamente cuántos), sus ojos pequeños se iluminan y
mueve con energía las manos cargadas de anillos al hablar de su familia. Pero
baja la voz cuando vuelve al momento en el que llegó aquel avión que trajo la
muerte a su infancia. "Se asusta uno, porque parece que está viniendo [el
avión], por eso no quiero hablar de la matanza. Ya pasó, ya pasó. La gente que
murió, criaturitas como estas [señala a una niña] las mataban. Le largaron la
bomba", relata.
Rosa prefiere
no explicar cómo murió su padre, miembro de la etnia qom que cayó en una
matanza con al menos otros 500 indígenas en julio de 1924.
Se habían declarado en
huelga por las malas condiciones de vida y laborales en la reducción (poblado
organizado por el Estado para trabajar la tierra expoliada a los indígenas) de
Napalpí, en aquél tiempo territorio nacional, hoy Provincia del Chaco. Aquel
crimen quedó impune.
Un fiscal
impulsa ahora un juicio por la verdad en aquel suceso. Y, por primera vez, el
relato de Rosa se escucha.
Rosa, que ya declaró en el juicio, finalmente dice:
"Era una niña el 19 de julio de 1924.
Recuerdo el ruido del avión que volaba bajito y lanzaba desde el aire caramelos
hacia el monte. Y cuando los indígenas corrían tras ellos les disparaban con
una ametralladora. Pensaban que era mercadería. Y dice mi abuelito: ‘No vayan,
porque ese está llevando la bomba, vamos a huir. Fue la gente a buscar la
mercadería, y cuando están todos juntos largan la bomba", recuerda.
Las prevenciones del
abuelo salvaron a
Rosa Grilo, la última
sobreviviente de la masacre de Napalpí,
una cacería humana que
terminó con 500 indios qom y moqoit muertos a tiros y machetazos
Lesa humanidad
Los fiscales
Carniel y Vigay realizaron un alegato de apertura. También se reprodujeron y
los registros audiovisuales de entrevistas a los sobrevivientes Rosa Grilo, de
114 años, y Pedro Balquinta, fallecido en 2015. El debate se reanudará el
próximo 26 de abril.
El Juzgado
Federal N°1 de Resistencia comenzó el juicio por la verdad de la Masacre de
Napalpí, que abarca los crímenes perpetrados por el Estado en 1924 contra
integrantes de pueblos originarios y campesinos en el entonces territorio
nacional del Chaco. En el debate interviene la Unidad Fiscal de Derechos
Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico
Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc
Diego Vigay.
La jueza
Zunilda Niremperger dio formalmente inicio al debate y resaltó que a lo largo
del juicio se intentará buscar la verdad de lo acontecido a través de los
distintos testimonios y la reproducción de las distintas pruebas para llegar a
una aproximación de los hechos.
"El juicio por
la verdad no busca responsabilidades penales. Es una judicialización de hechos
sin repercusiones penales. No van a encontrar aquí imputados. Lo que se trata
es de hacer una determinación judicial de los hechos, de conocer la verdad de
lo acontecido, primero, para la reivindicación de la memoria de los pueblos,
para calmar las heridas, para reparar, como una forma de acción positiva.
Pero también tiene una finalidad que es activar la memoria y generar
conciencia colectiva de que las grandes violaciones a derechos humanos no deben
volver a repetirse", señaló.
"Se trató de un hecho que habría sido generado por el
Estado y en contra de un colectivo altamente vulnerable"
, agregó. En la audiencia, estuvieron
presentes los fiscales Vigay y Carniel; la secretaria de Derechos Humanos de
Chaco, Silvana Pérez; los abogados querellantes Duilio Ramírez y Emiliano
Nuñez; y el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Miguel Iya
Gómez.
La
magistrada Niremperger pidió explícitamente a las partes la utilización de
un lenguaje llano y fácil para que todos y todas puedan comprender lo que se
relate. "Conocer nuestra historia hace a nuestra identidad. No solamente por
nosotros sino también por las generaciones futuras, para que puedan tener una
República fuerte con los estandartes de la memoria, la verdad y la justicia",
sintetizó.
La
exposición del Ministerio Público Fiscal
Carniel y Vigay
realizaron un alegato de apertura en el cual adelantaron cuál será la postura
respecto del caso. "Como miembros del MPF se debe declarar la responsabilidad
de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que tuvieron participación en
estos hechos. Demostraremos, con la mayor rigurosidad posible, cómo se
sucedieron los hechos, en qué contexto se llevaron a cabo, quiénes fueron las
víctimas y quiénes fueron sus responsables", aseguró el fiscal Carniel.
"La fiscalía
viene por este acto a llevar este juicio por la verdad de acuerdo a todas las
fundamentaciones que desarrollaremos. Por la comisión del delito de homicidio
agravado con ensañamiento en reiteración de hechos, el concurso premeditado de
dos o más personas en concurso real. Conductas estas catalogadas como delitos
de Lesa Humanidad conforme al Estatuto de Roma, suscripto por nuestro país en
la reconocida Masacre de Napalpí en 1924. Ello en el marco de nuestra
Constitución Nacional, la normativa internacional de Derechos Humanos
incorporada y la jurisprudencia internacional y local", resaltó.
Luego, el
fiscal Carniel se refirió a la metodología propuesta -prueba documental,
registros fílmicos y testimoniales- como "la más apta" ya que los posibles
responsables de la masacre se encontraban fallecidos al momento del inicio de
la investigación.
"Es la forma legal más eficaz para cumplir con la responsabilidad del
Estado Argentino asumida en compromisos internacionales de juzgar con los
crímenes de lesa humanidad y de cumplir con el derecho de las víctimas,
sobrevivientes y sus descendientes, de las comunidades Moqoit y Qom y de la
sociedad toda de conocer la verdad y de recibir una reparación a través de una
sentencia penal", aseguró.
Luego mencionó que, antes de la Masacre, en la zona conocida como Napalpí
se concentraban entre 800 y 1000 personas indígenas de las comunidades Moquit y
Quom, junto a peones correntinos, en tolderías a modo de campamento.
El 19 de julio de 1924 fueron asesinados
alrededor de 300 integrantes de ambas comunidades, entre ellos niñas, niños,
mujeres embarazadas, jóvenes y mayores.
"Los heridos
que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados de las
formas más crueles posibles: se produjeron mutilaciones, exhibiciones y
entierros en fosas comunes. Las fuerzas agresoras justificaron el ataque
presentándolo como un enfrentamiento de índole policial contra indígenas
sublevados. Se intentó presentar los hechos como supuesto enfrentamiento entre
las etnias. Hubo una investigación judicial de oficio donde se habló de solo
cuatro muertos indígenas donde solo declararon miembros de las fuerzas
policiales pero ningún indígena", sostuvo el representante del MPF.
"Existió una
estrategia del Estado de construir una historia oficial para negar, encubrir y
ocultar la matanza. Los responsables de esta barbarie violaron toda la
normativa procesal y de fondo vigente en ese momento. No solo por la ejecución
de los hechos sino por la omisión de investigar la masacre con posteridad",
añadió.
Por último,
hizo foco en la importancia de realizar el debate: "entendemos necesaria
la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los
hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, el cuándo y cómo
se perpetraron las atrocidades, saber quiénes son los máximos responsables de
los crímenes y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o
sociales que condujeron a esta ejecución.
También para demostrar el
carácter sistemático y señalar a quienes han favorecido y quiénes se han visto
beneficiados de estos hechos de violencia".
Luego, tuvo la
palabra Duilio Ramírez, abogado Querellante por la Secretaría de Derechos
Humanos y Géneros de Chaco.
"Dado que los autores materiales intelectuales por el
paso del tiempo no están con vida es que se utiliza esta metodología de juicio
oral y público por la verdad de manera tal que aquello que sucedió no quede
impune.
El paso del tiempo no
debe tornarse sinónimo de impunidad", afirmó.
"Las tierras que le fueron arrebatadas al indio en el
territorio argentino sufrieron el mismo destino acá, en la provincia Chaco.
Fueron entregadas a las personas que estuvieron ligadas al exterminio,
empresarios y colonos nacionales y extranjeros para, en este caso, plantar
algodón y talar el quebracho. Y para eso se necesitaban manos fuertes y esas
manos fuertes las iban a proveer los pueblos originarios que habían sido
expulsados de sus tierras", agregó.
La audiencia
continuó con la reproducción audiovisual de entrevistas realizadas a
Pedro Balquinta
, uno de los pocos sobrevivientes de la masacre y fallecido
en los últimos años, y a
Rosa Grilo
, de 114 años, la única sobreviviente viva.
Se proyectó después una entrevista filmada al investigador indígena Juan Chico, autor de los libros de
investigación sobre la masacre "La Voz
de la Sangre" y "Las Voces de Napalpí" y que falleció a los 45 años de edad
el 13 de junio de 2021 víctima de coronavirus.
"Es la persona que más investigó sobre la Masacre de Napalpí e iba a ser
uno de los testigos más importantes del juicio.
En estos libros hizo toda una recopilación muy
minuciosa con colaboración de otros historiadores indígenas. Los libros están
incorporados al expediente", sostuvo el fiscal Vigay en referencia a Chico.
El debate se reanudará
el 26 de abril, día en que se
reproducirán las entrevistas a las sobrevivientes Melitona Enrique y Rosa
Chara. A su vez, darán su testimonio Ramona Pinay, David García, Analía Noriega
y los investigadores Mariana Giordano, Graciela Bergallo y Neri Tete Romero .
La
masacre
Según los registros históricos y la prueba recabada en la investigación
preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal, unos 130 policías y un grupo de
civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del
entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el
reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una
justa retribución por la cosecha de algodón o salir a trabajar del territorio
chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.
De acuerdo con
los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía en el
inicio de esta pesquisa, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil
balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en
400, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y
Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenecían a comunidades
originarias. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos
la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y
Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos
lograron sobrevivir.
El juicio por
la verdad fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal y se propuso como
el mecanismo judicial adecuado para el juzgamiento de la Masacre como crimen de
lesa humanidad, al no contar con responsables con vida y con el objetivo de
cumplir con los derechos de las víctimas a la verdad, a una reparación integral
y a la no repetición.
